El plagio, autoplagio y ciberplagio; el tráfico de textos presentados en concursos; la imposición de autorías a los subordinados; la artimaña del uso de tareas o recensiones para investigaciones del maestro; el irrespeto a la propiedad industrial y los derechos de autor; el uso de autores negros o fantasmas; la fragmentación de investigaciones tipo salami en aras de aumentar la productividad; la compra-venta de tareas, proyectos y reportes; la apropiación de gráficos y traducciones; la invención de datos, cifras y sucesos; la fabricación o manipulación de información; la falsificación de fuentes e investigaciones; los dictámenes académicos y el arbitraje a modo; los premios académicos o literarios amañados; los pares falsos o la simulación de pares; el soborno a los dictaminadores o lectores especializados; la presión política a los comités editoriales o editores; el sometimiento en paralelo de libros a distintas editoriales o artículos académicos a diferentes revistas; el pago de espacios a las revistas académicas; los acuerdos facciosos para la citación; la mixtificación de factores de impacto; la suplantación de identidad; el robo de documentos; la presencia de editoriales y revistas depredadoras; en fin. Son expresiones de una cultura ególatra que es anterior a la fundación de las academias, el auge de primas al desempeño académico o lo que llama Ricardo Villegas evaluación administrativa-burocrática a la ciencia.

Esa actitud no es nueva y no la han detenido normas, leyes ni códigos de buenas prácticas. Si hoy tenemos evidencias de fraudes es porque hay tecnologías que permiten el contraste de textos. ¿Cómo podemos detener esto? Sirve mucho la denuncia, por supuesto, pero no hay otra forma que seguir enseñando conceptos claros sobre el derecho y la justicia. La justicia, por darse bajo la sociabilidad humana, inspira los hábitos virtuosos de la veracidad, el respeto y el agradecimiento. Esa es probidad intelectual.